26 noviembre 2009

Histórico y cívico editorial en defensa del Estatut de Catalunya

Doce periódicos catalanes suscriben y publican el pronunciamiento
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Los periódicos que tienen sede en la comunidad autónoma catalana: La vanguardia, El periódico de Catalunya, Avui, El punt, Segre, Diari de Tarragona, La mañana, Diari de Girona, Regió 7, El nou 9, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa, en una iniciativa que es ejemplo de civismo y de civilidad han suscrito un editorial común en defensa del Estatut de Catalunya.
Es obligado recordar que el Estatut fue aprobado tanto por el Parlament de Catalunya como por el Congreso de los Diputados, que ahora fuera modificado o incluso anulado por el Tribunal Constitucional supondría que esa instancia judicial --que es radicalmente política y de composición partidaria-- se arroga competencias legislativas, se coloca por encima del bien y del mal y lo que es peor: enmienda la plana al poder legislativo, con todo lo que esto comporta.
Luego, ¿para qué convocar comicios y elegir diputados si los magistrados del Constitucional pueden modificar o derogar lo que aprueban los representantes elegidos democráticamente?...
Esta pregunta es simple y equívoca, pues el asunto es más complejo, pero este interrogante es legítimo para abrir un debate que en España jamás se ha acometido a causa de la cobardía política heredada del fraquismo:
¿Cuál es y hasta dónde llega el poder de un tribunal constitucional en un Estado democrático de Derecho?
Texto íntegro del editorial unitario:
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Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica"
Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.
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«La expectación es alta y la inquietud...»
La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.
De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.
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«Aceptación  de la madurez democrática de una España plural, o...» 
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.
El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español; es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.
Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.
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«Esperamos que el Tribuanl Constitucional decida atendiendo...»
Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.
Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.
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Por favor, que nadie caiga en la trampa de confundir presión con coacción. La presión es legítima, necesaria y consustancial a la democracia. Lo antidemocrático es callar, mentir, tergiversar y silenciar.

11 comentarios:

  1. No soy jurista, mi carrera nada tiene que ver con el Derecho, pero sí es cierto que el tema del Estatut es sobra complicado. En primer lugar está la legitimidad de las cortes elegidas por los ciudadanos a través del voto democrático y universal, y por supuesto de los referendum.
    Pero supongo que tampoco habría que minimizar la importancia de la resolución del Tribunal Constitucional, amén que es aquel que se encarga de dilucidar si ciertas leyes, o estatutos chocan frontalmente con la Constitución, que no olvidemos, es la columna vertebral de nuestros derechos, además de haber sido refrendada no sólo por las mismas cortes que elegimos democráticamente en su tiempo, así como el referendum de su confirmación.
    Así pues, esto del Estatut se va a desencadenar un conflicto de intereses entre los distintos poderes, y un "dime tú que ya te diré" qué derechos me corresponden a mí en función de dónde viva.
    Personalmente me da igual el Estatut, siempre y cuando cumpla con la Constitución, refrendada por todos los españoles por referendum... lamentablemente no podemos decir lo mismo del Estatut.
    Un cordial saludo.

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  2. A EIRIÑA:
    El Estatut ha sido aprobado por el Parlament y por el Congreso. Legal y constitucionalmente es suficiente. Otra cosa son las interpretaciones que haga el Constitucional (al que en ocasiones, como es esta, se le otorgan poderes legislativos; porque, ¿en qué lógica jurídica cabe que lo que ha sido aprobado por las Cortes pueda ser corregido e incluso derogado por un tribunal que ¡¡¡interpreta!!! la Constitución al albedrío de un grupo de magistrados altamente politizados a los que nadie ha elegido?)

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  3. La Constitución española habla de regiones y nacionalidades, no de naciones.
    ¿ Esto que ha hecho la prensa catalana no es coacción ?
    En este escrito incluso se atreven a amenazar con que se rompe el espíritu de 1977 si el resultado de la deliberación no les gusta...

    Cataluña es, aún hoy, España, y mientras sea así debe acatar las normas que nos rigen. tanto si les gustan como si no.

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  4. ¿Qué diferencia hay entre nacionalidad y nación?...

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  5. El editorial conjunto me parece tremendamente clarificador de el ambiente que se respira en Catalunya con este asunto.
    Josito, lo que tu dices de que deben acatar las normas mientras pertenezcan a España tiene fácil solución. Se quita el condicionante y acabado el problema. Pero el tema es mucho más complejo, me temo.
    Es cierto que Catalunya depende de España en algunos asuntos fundamentales (sobre todo los que tienen que ver con las relaciones internacionales), pero a la vista de este editorial ¿como quieres que los catalanes respeten las normas que rigen al conjunto de España si se les niega el derecho a dotarse de sus propias normas?¿No estamos de acuerdo en que por vías democráticas todo es posible?¿Qué camino queda si no? ¿la imposición por la fuerza de uno u otro marco?
    Mucho mejor haríamos en tener en cuenta de una vez por todas la REALIDAD de lo que es España: una nación de naciones. Cada una con sus particularidades y sus preferencias, pero todas españolas. Cuanto antes lo admitamos mejor para todos y, no tengo la menor duda, más unidos y cohesionados estaremos.

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  6. "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica"

    Una pregunta técnica, Si se considera esté estatuto inconstitucional, significa que el rey ha sancionado un ley inconstitucional ergo el rey es complice y aval de una acto inconstitucional ergo vaya lio mas graciosos se plantea?

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  7. "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica"

    Una pregunta técnica, Si se considera esté estatuto inconstitucional, significa que el rey ha sancionado un ley inconstitucional ergo el rey es complice y aval de una acto inconstitucional ergo vaya lio mas graciosos se plantea?

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  8. Félix, la diferencia estriba entre acto (nación) y potencia(nacionalidad)..., y para pasar de potencia a acto se necesita un acuerdo de la mayoría...de los españoles, no de los catalanes.

    Guilherme, el condicionante se quita si todos los españoles están de acuerdo,¿ o no ?

    Tú lo has dicho: varias naciones, pero TODAS españolas, algo que los catalanes no admiten.

    La pregunta es: ¿ Se puede independizar Cataluña del resto de España si los catalanes quieren en su mayoría ? ¿ O se necesita también la opinión del resto de los españoles ?

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  9. El editorial a mi personalmente me parece una muestra más de lo alejados que están el entramado prensa-políticos de los problemas de la gente.
    Se me ocurren dos cosas más:
    - Los catalanes se mostraron bastante indiferentes, por no decir muy indiferentes a la hora de respaldar este estatut. La bajisima participación no le resta un ápice de legalidad a la consulta, pero sí le resta legitimidad a los que enarbolan la dignidad de un pueblo que se muestra ajeno a la disputa por unos cargos, transferencias o subvenciones. Doce diarios (o veintitrés) no son representativos de la ciudadanía, si no de las empresas que los sostienen, la crisis del periodismo es un hecho.
    Este mismo argumento se puede usar con los defensores fundamentalistas de la Constitución como algo intocable y sagrado, y la misma distancia de la prensa que se ha puesto histérica contra el editorial.
    - Ojito con decir que algo votado en cámaras representativas e incluso respaldado por referendum no puede ser objetado. Cuidado con tomar los mecanismos de la democracia como intocables e incuestionables. Algunas de las mayores barbaridades de la historia han sido aprobadas muy democráticamente, con todos los respaldos del mundo. Podría darse el caso, absurdo, pero posible visto el panorama, de que una cámara de diputados votase que la tierra es cuadrada y los votantes, debidamente aleccionados lo apoyasen. Con todos los parabienes electorales, seguiría siendo una estupidez como un pino, porque se vote lo que se vote, la tierra no es cuadrada.
    La urna es un instrumento, pero no un juguete, así que a usarlo con cuidado.

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  10. Cuando el parlamento gallego en 1983 por unanimidad en la LNL decidió y legisló que el gallego sería obligatorio en Galicia, y tres años después el TC declaró nulo ese artículo por inconstitucional, ningún gallego se sintió ofendio en su dignidad. ¿Son los catalanes distintos? Si están en españa y son españoles tendrán que aceptar que tras aprobarse una Ley se puede recurrir ante el TC, y que éste es la instancia que hemos decidido todos los españoles que actúe al aprobar la constitución precisamente para casos como éste, para que nadie, ni siquiera toda una comunidad autónoma como Catalunya, pueda hacer leyes que van contra la Constitución y contra los intereses de la mayoría de los españoles.

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  11. A Peralta: el que las Cortes aprueben y el rey sancione una Ley, y años después esa Ley sea declarada inconstitucional, no hace al rey ni a las cortes complices de nada, ni lo que han hecho está mal o es inconstitucional. No soy abogado, pero me parece que no es tan difícil saber un poco cómo funciona la justicia aquí y en todo el mundo.

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